sábado, 30 de octubre de 2010

AI subraya que pena de muerte es la negación última de los derechos humanos

Amnistía Internacional (AI) recordó hoy, tras conocerse la condena a muerte del ex viceprimer ministro y ministro iraquí de Asuntos Exteriores Tarik Aziz, que la aplicación de la pena capital "es la negación última de los derechos humanos".
En un comunicado, AI pidió a las autoridades de Bagdad que no ejecuten a Aziz y a otros dos altos cargos en los Gobiernos de Sadam Husein (ahorcado en 2006), condenados hoy a muerte por el Tribunal Supremo de Irak por participar en el asesinato de opositores.
Tariq Aziz, el ex ministro del Interior Sadoun Shakir y el secretario privado de Husein, Abed Hamoud, negaron las acusaciones.
El director del programa de AI para Oriente Medio, Malcolm Smart, manifestó en un comunicado: "el régimen de Sadam Husein fue sinónimo de ejecuciones, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos, y lo correcto es que aquellos que cometieron crímenes sean conducidos ante los tribunales de Justicia".
"No obstante -añadió- es vital que la pena de muerte, que es la negación última de los derechos humanos, no se aplique nunca, sea cual sea la gravedad del crimen".
"Hace mucho tiempo que el Gobierno iraquí debería haber pasado página en este sombrío ciclo y haber dado un paso adelante en la suspensión de todas las ejecuciones y la conmutación de las sentencias de quienes están en el corredor de la muerte, que se cree que suman varios centenares", afirmó Smart.
Amnistía ha expresado reiteradamente su preocupación por los juicios llevados a cabo por el Tribunal Supremo contra las personas acusadas de cometer crímenes durante el régimen de Sadam Husein, al considerar que sufren constante injerencias políticas.
"Es esencial que haya juicios justos y que no haya presiones políticas para influir en los procesos, particularmente en aquellos que pueden resultar en la pena de muerte", señaló AI.
Tariq Aziz, de 74 años, fue encarcelado poco después de la invasión aliada en marzo de 2003 y, según diversas informaciones, tiene problemas de salud.
Fue condenado a 15 años de cárcel por el Tribunal Supremo en 2009 por su implicación en las ejecuciones de 42 comerciantes por parte del régimen de Sadam Husein en 1992.
AI informó de que si las apelaciones de las defensas no prosperan, las ejecuciones podrían llevarse a cabo en cualquier momento, con un plazo máximo de 30 días.
La pena de muerte fue suspendida en Irak tras la invasión y reinstaurada en agosto de 2004, periodo desde el cual, según Amnistía, han sido ejecutadas decenas de personas.

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