La Comisión Europea ha asegurado ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara que la nueva ley española de lucha contra la morosidad protege mejor que la normativa europea aprobada la semana pasada porque establece plazos más estrictos para el pago de las facturas por parte del sector público y las grandes compañías y contempla menos excepciones.
El Parlamento Europeo ha examinado este martes la queja presentada por José María Carrasco en nombre de 600.000 pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción afectadas por impagos. Pese al veredicto positivo del Ejecutivo comunitario, la comisión de Peticiones ha decidido mantener abierta la denuncia contra España para verificar que la nueva norma se aplica correctamente.
España "se ha adelantado" a la UE porque su legislación antimorosidad, aprobada antes del verano, va "muchísimo más allá" de lo que exige la normativa europea en cuanto a plazos, según ha explicado la representante de la Comisión a los parlamentarios. Para las transacciones comerciales entre autoridades públicas y empresas fija un plazo de pago de 30 días, mientras que para las operaciones entre empresas el tope es de 60 días improrrogables.
En cambio, la nueva directiva de la UE fija un plazo único de 30 días pero prevé excepciones tanto para el sector público como para el privado.
La representante de la Comisión ha recordado que Bruselas ya denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por considerar que la anterior normativa nacional fijaba plazos excesivamente largos para cobrar. Sin embargo, el Tribunal dio la razón al Gobierno porque la directiva europea todavía vigente no armoniza los plazos.
El Ejecutivo comunitario admite que la legislación vigente "no ha brillado precisamente por su eficacia" y que "la morosidad a día de hoy sigue siendo un problema en toda la UE y esto afecta negativamente a todas las empresas y sobre todo a todas las pymes europeas".
El denunciante ha explicado a los eurodiputados que representa a "pequeñas empresas y autónomos que están perjudicados en la construcción por impagados" y se encuentran en una situación de "desventaja" respecto a las grandes compañías. "Igual que las grandes empresas en mi país están blindadas y pueden cobrar el dinero, nosotros al final de la obra y después de 180 días o 240 días tenemos problemas e incluso no nos pagan", ha afirmado Carrasco, que ha agradecido al Partido Popular que apoye sus reivindicaciones.
Por su parte, la eurodiputada popular Teresa Jiménez Becerril ha insistido que la Eurocámara debe mantener abierta la denuncia para "vigilar" que España aplique correctamente la nueva legislación porque no lo ha hecho así en el pasado.
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